Las empresas y las entidades financieras deben estar a la vanguardia de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, ya que pueden ser explotadas por elementos delictivos para llevar a cabo operaciones de blanqueo de capitales, o por agentes externos para transferir fondos a organizaciones delictivas o terroristas.
Por lo tanto, en la Maestría en Cumplimiento Normativo y Protección de Datos se concede gran importancia a la implementación de todas las directrices legales y requisitos regulatorios en la materia y opera de acuerdo con todas las normas locales e internacionales vigentes. La maestría o máster en corporate compliance enseña a implementar diversos sistemas de control con el objetivo de combatir la delincuencia económica en general y prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en particular, esto se logra mediante el cumplimiento de todos los requisitos que le son aplicables en virtud de la Ley de Prohibición del Blanqueo de Capitales, la Ley Antiterrorista y sus reglamentos, y fundamentalmente forma parea actuar para implementarlos. Los egresados de esta maestría harán que la empresa o compañía haga todo lo posible para proteger a sus empleados, clientes, proveedores y bancos asociados, en la medida de lo posible, de ser utilizados para llevar a cabo o facilitar actividades de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, u otros actos ilegales e inmorales.
La empresa deberá ser un socio en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo y tomar todas las medidas necesarias para este fin, de acuerdo con un enfoque basado en el riesgo, incluida la realización de la debida diligencia sobre sus clientes y la claridad de sus negocios, con el fin de comprender la legitimidad de la actividad y las fuentes de los fondos, además del cumplimiento, entre otras cosas, de las obligaciones de identificación y verificación de los clientes, la firma de documentos de declaración sobre los beneficiarios controladores y los firmantes autorizados, y la obtención de información completa sobre los destinatarios del servicio, los clientes y la corporación, la empresa deberá operar sistemas automáticos para escanear los nombres de ambas partes con el fin de actuar contra blanqueo de capital por corrupción o narcotráfico y organizaciones delictivas y prevenir el riesgo de financiación del terrorismo.
Es importante que la empresa o compañía conozca las sanciones internacionales impuestas a países, entidades e individuos, aunque no esté directamente sujeta a ellas, la empresa o institución deberá definir en sus sistemas contables y procedimientos financieros los países y territorios bajo el régimen de sanciones y garantizar que no se realice ninguna actividad que infrinja con estos programas de sanciones.
Guerra contra la Delincuencia Económica
Desde mediados del siglo XX, el mundo occidental ha experimentado un cambio de perspectiva en la lucha contra la delincuencia económica en general y la delincuencia organizada en particular, este cambio de perspectiva se ha expresado en la comprensión de que, para detener las actividades de las organizaciones criminales, es necesario seguir la pista del dinero.
Como parte del esfuerzo global para formular estándares internacionales para la lucha contra el crimen organizado, se creó en 1989 el FATF (Financial Action Task Force), cuya función es examinar las actividades de los estados miembros de la OCDE en la lucha contra el dinero negro y su lavado. El organismo formuló 40 recomendaciones con base en las cuales se examinarán las actividades de los Estados miembros, el proceso de análisis y examen se llevó a cabo con auditorías nacionales; en el marco de estas auditorías, se elaboró una lista negra de países que no mantienen un régimen de prohibición del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en su territorio, tras la inclusión de las instituciones financieras en la lista negra, estas sufrieran numerosas sanciones y la negativa de entidades de países no incluidos en la lista negra a cooperar con ellas, en consecuencia, estas entidades solicitaron al poder legislativo de su país la regulación de la legislación sobre la prohibición del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en el país.
Blanqueo de capitales
La elaboración de la legislación contra el blanqueo de capitales en el mundo ha sido un proceso largo y con altibajos. La Ley de Prohibición del Blanqueo de Capitales fue aprobada en varios países, tras la promulgación de la Ley de Prohibición del Blanqueo de Capitales y sus disposiciones, se han creado en todos los países que ha sido aprobada esta ley, la Autoridad de Prohibición del Blanqueo de Capitales, adscrita a los Ministerios de Justicia.
Gracias a los esfuerzos legislativos y a la amplia infraestructura establecida en la mayoría de estos países, estos países lideran a nivel mundial la lucha contra la delincuencia económica, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
El lavado de dinero es una actividad que tiene como objetivo ocultar o disimular el origen de bienes obtenidos mediante el delito, y asimilarlos a otros bienes legítimos y legales, a fin de prepararlos para su reutilización.
La ley internacional establece tres delitos principales de la prohibición del blanqueo de capitales:
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El primer delito establece la prohibición de realizar una acción con bienes provenientes de un delito, cuando el propósito de la acción sea ocultar el origen delictivo de los bienes (el delito determinante mediante el cual se obtuvieron los bienes).
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El segundo delito prohíbe el uso de bienes derivados del delito, lo que significa que no se podrán utilizar los bienes ni los fondos obtenidos como resultado del delito.
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El tercer delito prohíbe el uso de bienes con la intención de impedir la presentación de informes y se refiere a la posibilidad de perturbar el régimen de presentación de informes aplicable a las entidades financieras.
La obligación de conocer a su Cliente
De acuerdo con las disposiciones de la prohibición del blanqueo de capitales, al abrir una cuenta, se debe seguir un procedimiento de "Conozca a su Cliente", que incluye la naturaleza de la actividad del cliente y la naturaleza de su negocio, este procedimiento es continuo y se inicia durante toda la relación con el cliente, las actualizaciones de "Conozca a su Cliente" se realizan según los plazos definidos en la política del grupo.
La respuesta del cliente es necesaria para cumplir con las disposiciones regulatorias y, en consecuencia, continuar con la gestión de la cuenta.
Financiación del Terrorismo
Tras los atentados de las torres Gemelas de Nueva York, se arraigó la idea de que las organizaciones terroristas también deben combatirse deteniendo el rastro del dinero, de forma similar a la lucha contra el blanqueo de capitales.
En 1999, la ONU adoptó el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo. Allí, la financiación del terrorismo se definió como cualquier persona que recauda o proporciona fondos, a sabiendas de que están destinados a acciones destinadas a causar lesiones o la muerte a un ciudadano, incluyendo a una persona que no participa en una lucha violenta ni porta un arma, con el fin de sembrar el pánico y el miedo en la población con el fin de presionar a las autoridades para que realicen o se abstengan de realizar una determinada acción. La convención entró en vigor en 2002. En 2001, tras los atentados del 11 de septiembre, el FATF decidió combinar la lucha contra la financiación del terrorismo con la lucha contra el blanqueo de capitales, esto se debe a que las organizaciones terroristas utilizan técnicas y patrones de acción similares a los de los blanqueadores de dinero para transferir fondos y ocultar su origen o propósito. La diferencia radica en que, en ocasiones, la fuente de los fondos de financiación del terrorismo es legítima, además de que la financiación del terrorismo suele implicar cantidades relativamente pequeñas de dinero y las transacciones son menos complejas que en el ámbito del blanqueo de dinero.
Se promulgó la Ley de Lucha contra el Terrorismo, cuyo objetivo es dotar a los Estados y a sus autoridades de herramientas para hacer frente a las amenazas terroristas, tanto a nivel penal como público. La ley aborda principalmente dos aspectos centrales: la tipificación de delitos relacionados con la lucha contra el terrorismo y la determinación de mecanismos para la declaración de organizaciones terroristas (que sustituyen la legislación y la normativa anteriores).
